"Pago de haberes": así justificó la intervención jaldista el retiro de más de $21.105 millones en efectivo de la Caja Popular por ventanilla, hasta que eltucumano denunció el "valijazo"
- Respuesta institucional de la Caja Popular de Ahorros al requerimiento Anti Lavado del Banco Central cursada por el gerente general de la Caja Popular de Ahorros Pablo Díaz Sánchez el 5 de junio de 2026.
"Modalidad operativa habitual": el ardid del Gerente General de la Caja para justificar el retiro de más de $ 21 mil millones en efectivo en menos de un año
La Alerta anti Lavado la efectuó el Banco Central de la República Argentina, a través de Banco Macro, agente financiero de la Caja, que el 18 de mayo de 2026 —por imperio del artículo 38, inciso d), de la Resolución N° 14/2023 de la Unidad de Información Financiera— la intimó a justificar, trimestre por trimestre, los más de $21.105 millones —unos 17 millones de dólares al cambio oficial de cada trimestre— que habían salido en efectivo por su ventanilla entre abril de 2025 y marzo de 2026: beneficiario, clave tributaria, motivo y respaldo de cada extracción. La respuesta de la Caja está transcripta, hoy, en su propio expediente.
La propia intervención de la Caja Popular reconoce en su Resolución de Intervención N° 466/26 que el gerente general de la Institución financiera y crediticia Pablo Díaz Sánchez respondió oficialmente al requerimiento del Banco Central, el 5 de junio de 2026 vía mail oficial de la institución, que esas extracciones "corresponden al pago de haberes del personal de la Institución, conforme la modalidad operativa habitual que se usa para el pago de sueldos", y que "la totalidad de las erogaciones se encuentran debidamente respaldadas con la documentación contable y administrativa correspondiente".
"Modalidad operativa habitual" (SIC): El gerente Cisnerista Pablo Díaz Sánchez -recontratado por la intervención jaldista- se tiró sobre la "granada" Anti Lavado del Banco Central de la República Argentina. Cobra un sueldo mensual de $9.023.252 de pesos del erario público.
Es decir: eran sueldos, y para la Caja Popular estaba todo en orden, como la contabilidad de un kioskito tucumano y no la institución crediticia centenaria, y financiera, de los tucumanos. Conviene subrayar un punto que la propia intervención admite: esa fue la única respuesta que la Caja dio al control antilavado. No hubo otra posición institucional hasta la publicación de este medio hace 10 días. Tal era la tranquilidad reinante en la intervención que Antonio Bustamante se dio tiempo para una "escapada" en moto por toda Europa durante todo Junio, cuando ya tenía conocimiento de la alerta del Banco Central. Total normalidad.
La defensa ensayada por el Gerente General de la CPA - nombrado por la actual intervención el 17 de marzo de 2026-, "por instrucción superior" según los registros oficiales- , para cualquiera que sepa leer un balance, no se sostiene: Una masa salarial es el gasto más previsible de una organización: se repite mes a mes con variaciones mínimas —del orden del 5 al 10 por ciento— y sólo se duplica en los meses de aguinaldo, que agrega medio sueldo, no cinco veces la nómina. El efectivo de la Caja retirado muestra exactamente lo contrario: entre un trimestre y el siguiente cae un 80% y después se multiplica casi por cuatro. Medida con la vara que usa cualquier auditor —el coeficiente de variación, que mide cuánto se dispersa una serie respecto de su promedio—, esta ronda el 50 por ciento: cinco veces la volatilidad que toleraría una nómina real. No es el perfil estadístico de un sueldo. Es el de una erogación discrecional.
La Ley de Contrato de Trabajo obliga a pagar los sueldos por depósito en cuenta: Sacar veintiún mil millones de pesos en billetes por ventanilla "para pagar sueldos" es la operación inversa: la única modalidad que borra la trazabilidad de quién cobró. Todos los empleados de la Caja están bancarizados.
A fines de enero de este año, el gobernador Osvaldo Jaldo recordó que el 13 de julio de 1915 el doctor Ernesto Padilla creó la Caja Popular de Ahorros “de forma visionaria para permitirle a los tucumanos tener una institución para poder guardar, conservar y garantizar sus ahorros”. “La Caja Popular de Ahorros hoy sigue siendo una institución económica y financiera que pertenece al Gobierno de la Provincia”, subrayó entonces el gobernador al poner en funciones a los nuevos interventores de la Caja.
Lo que la contabilidad ya dice es que la explicación de los "sueldos" de que dio el Gerente General no explica nada: El efectivo no se comporta como una nómina: cae a menos de un quinto en el segundo trimestre y rebota casi al cuádruple en el tercero. Fuente: requerimiento del Banco Macro (Legajo 9492).
La pregunta que empezó todo: el Banco Macro intima a la Caja a justificar cada retiro, con el sello de recepción "Leg. 9492 · 18-05-26 · 12:00". Fuente: documento aportado a la investigación.
"Giro in fraganti" de la intervención jaldista: del "todo respaldado" al "posible delito"
El 3 de julio de 2026, la posición de la Caja se dio vuelta en redondo. Ese día —a pocas horas de que este medio publicara el "Valijazo"— el interventor Guillermo Norry, con acuerdo del subinterventor Antonio Bustamante, dictó la Resolución de Intervención N° 466/26 (Expediente N° 2.779/360/2026) y dispuso lo contrario de lo que la Caja venía sosteniendo: la suspensión inmediata de toda extracción de dinero por ventanilla y de todo retiro en efectivo; la instrucción de una Información Sumaria para determinar la posible comisión de faltas e irregularidades en esas operatorias; la designación de dos instructores sumariales —el doctor Antonio Ricardo Chebaia y el señor Juan Carlos Ovejero—; y la formulación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue "la posible comisión de un delito contra la administración pública provincial".
La nota publicada el 3 de Julio a las 01:34 AM que provocó el giro "in fraganti" de los interventores del jaldismo.
Entre la respuesta del 5 de junio —"eran sueldos, todo respaldado"— y la denuncia del 3 de julio —"un posible delito contra la administración pública"— hay veintiocho días y una sola diferencia: en el medio, la publicación. Es el mismo patrón de denunciar recién después de que la sociedad tucumana conoce por este medio los desmanejos como el escándalo de los seguros fantasma: la conducción de la Caja reacciona a las publicaciones de este medio y recién después denuncia los hechos - por ejemplo, el pago de seguros sin póliza en el que quedó implicado el apoderado de la Caja Popular en Buenos Aires, Gabriel Iezzi.
Cabe recordar que el estudio jurídico Iezzi & Varone, capitaneado por Gabriel Iezzi —columnista de Eduardo Feinmann y amigo personal del diputado y magnate de medios Carlos Cisneros— dejó a la entidad provincial en una situación de "indefensión total" al omitir contestar la demanda y no cuestionar la jurisdicción en el juicio que el exfutbolista de San Martín de Tucumán, Adrián Arregui, inició contra la CPA en octubre de 2023 en el Tribunal del Trabajo de Quilmes N° 3. Bajo la gestión del exinterventor José Díaz, bajo control absoluto de La Bancaria, el buffet porteño facilitó una maniobra que proyecta un perjuicio de $1.400 millones por un seguro que, según documentos oficiales, nunca existió. La trama de una asociación ilícita donde los defensores del Estado actuaron como socios del demandante.
Línea de tiempo "Los 28 días del giro" de la intervención actual del jaldismo: desde el recambio del 23 de enero hasta la reserva del Tribunal de Cuentas del 8 de julio, con la brecha de 28 días entre el "eran sueldos" y la denuncia.
Hay un detalle en la propia resolución que retrata el giro mejor que cualquier análisis. Para soltar la defensa que la Caja había dado, el mismo día de la publicación de eltucumano, la intervención se apoyó en su área legal, que por el Dictamen N° 1.514 observó —recién entonces, el 3 de julio— que el gerente general interino "brindó respuesta directa —vía correo electrónico— el 05.06.2026 omitiendo la intervención a los órganos de administración y gobierno de la Institución, manifestando de manera escueta que los fondos extraídos corresponden al pago de haberes del personal". La intervención "comparte íntegramente el criterio expuesto por el área legal". Traducido: la conducción, que hasta la publicación había hecho suya la respuesta de los "sueldos", descubrió -el mismo día de la publicación de eltucumano- que la respuesta que había dado su gerente general no la había consultado previamente.
Entre sus fines, la resolución "in fraganti" de Norry enumera el de "deslindar responsabilidad de los funcionarios intervinientes en la operatoria de la extracción de fondos por ventanilla o en efectivo" (SIC). La pregunta que queda abierta —y que el propio sumario deberá contestar— es quiénes son esos funcionarios, y a qué conducción respondían cuando salió el dinero.
El acto con el que la intervención se dio vuelta: la Resolución N° 466/26, del 3 de julio, firmada por el interventor Guillermo Alfredo Norry y el subinterventor Antonio Daniel Bustamante. Fuente: Facebook de Voces Marapak, organ house de Darío Monteros. La CPA no emitió información oficial alguna.
Las denuncias oficiales sin difusión pública
La intervención anunció que denunció posibles delitos contra la administración pública. Casi una autodenuncia: el cuarto trimestre de extracciones denunciadas por el BCRA ocurrió bajo la intervención "jaldista": buena parte del cuarto trimestre —hasta $3.731 millones, aún por desglosar entre lo retirado antes y después del 23 de enero— transcurrió bajo la propia intervención.
Al cierre de esta nota, de esa denuncia penal ningún medio pudo obtener copia, ni consta públicamente su radicación, número de causa ni fiscalía. No es la primera vez: este medio le solicitó a la intervención, en reiteradas oportunidades, copia de las denuncias que dijo haber presentado —por los seguros fantasma, por el caso Iezzi y ahora por los $21.105 millones—, sin obtener respuesta. Es un dato que no es menor en una entidad que se jacta de transparencia: se comunica el gesto —"formulamos la denuncia"— y se reserva el contenido. La denuncia, mientras no pueda verse, funciona más como escudo público que como acto de apertura. Este medio se la solicitó oportunamente a su presidente Guillermo Norry, el resultado infructuoso.
Antonio Bustamante, el "motoquero de Los Alpes", en Junio mientras la Caja Popular era investigada por retiros multimillonarios durante su gestión como subinterventor de la CPA.
La continuidad en la Caja tiene nombre: Pablo Díaz Sánchez, el gerente cisnerista nombrado por la intervención "jaldista"
El requerimiento no interpela a un solo color político. De los cuatro trimestres que el banco manda justificar, tres —más de $17.370 millones, el 82% del retiro de efectivo— transcurrieron bajo la gestión cisnerista de José César Díaz; el cuarto, de enero a marzo de 2026, quedó partido por el recambio del 23 de enero, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó al cisnerismo y puso al frente a Norry y Bustamante. Cuánto de los $3.731 millones de ese trimestre salió antes y cuánto después del recambio es, todavía, parte de lo que la Caja deberá desglosar. La intervención denuncia una operatoria que también funcionó, en parte, bajo su propia conducción. Como viene sosteniendo este medio, el problema no es de una persona: es de la Caja como institución, y de una estructura que sobrevive a los cambios de nombre.
Esa continuidad tiene nombre y apellido. El gerente general interino que firmó la respuesta de los "sueldos" es el contador público nacional Pablo Daniel Díaz Sánchez, y no es una pieza nueva: es el hilo que une las dos gestiones. Llegó al Nivel 1 del escalafón por una cobertura de "mayor jerarquía" que le otorgó la intervención cisnerista y que la intervención de Norry le renovó en marzo de este año; y es el mismo gerente al que esta conducción le confió, en febrero, la autorización presupuestaria de trece designaciones de asesores de gabinete por unos $1.165 millones anuales. Por eso, cuando la Resolución N° 466/26 sostiene que ese funcionario respondió "omitiendo los órganos de administración y gobierno", para este medio la explicación no cierra: cuesta creer que una intervención que convivió seis meses con este gerente, y que le delegó la firma de designaciones millonarias, recién descubriera —el mismo día de esta publicación— que manejaba por correo electrónico las respuestas al control antilavado. A Pablo Daniel Díaz Sánchez no debe confundírselo con el exinterventor José César Díaz, a quien la intervención del "jaldismo black" había reacomodado como gerente de Asuntos Jurídicos hasta que el tribunal de cuentas descubrió su doble nombramiento delictual: Continuidad del cisnerismo estructural en la CPA.
El "jaldismo black" y el "control de daños" por WhatsApp
Vale detenerse en quién conduce hoy la Caja y en cómo se comunica, porque también ahí asoma la continuidad. Guillermo Norry no llegó a la Caja desde la nada: antes fue el interventor que la Provincia puso al frente del Municipio de Juan Bautista Alberdi, intervenido en junio de 2025. Es, en los hechos, un interventor de oficio, un cuadro de confianza que la gestión provincial mueve de un organismo intervenido al siguiente.
El modo en que la Caja comunica —o, mejor dicho, no comunica— sus propios actos termina de dibujar el cuadro. Este medio rastreó los canales institucionales: en el sitio oficial de la Caja no hay una sola línea sobre los retiros por ventanilla, la denuncia penal ni el aniversario. Y hay un contraste que habla solo: la Secretaría de Comunicación Pública de la Provincia difundió en su momento los 107, los 108 y los 109 años de la institución, y hasta La Gaceta cubrió los 110; de los 111 no hay comunicación oficial alguna.
La propia crisis del retiro en efectivo se administró por ese carril informal. Una página - voces Marapak vinculada al entorno del ministro del Interior, Darío Monteros - difundió una captura de conversación en la que un interlocutor se dirige al ministro como "compañero ministro" y, tras reenviarle el video del escándalo por ventanilla, le responde: "Ya nos pondremos a trabajar en esto". No es la Caja informando a la ciudadanía sobre el paradero de su dinero: es, para este medio, lo que se lee como un aparato político-mediático coordinando, puertas afuera de la institución, cómo pararse frente a la denuncia. Para este medio, ese "bajo nivel comunicacional" no es sólo torpeza ni desprolijidad: es la marca de una conducción que responde a un armado político antes que institucional, y que deja ver de qué armado forma parte.
Cómo se maneja la crisis, puertas afuera de la Caja: la conversación con el ministro Darío Monteros ("compañero ministro… ya nos pondremos a trabajar en esto"), difundida por una página vinculada a su entorno. Fuente:Voces Marapak.
Ese armado tiene, además, un antecedente textual, y conviene citarlo palabra por palabra. "Es normal en los municipios retirar fondos para abonar obligaciones que no están bancarizadas", dijo Darío Monteros —entonces intendente de Banda del Río Salí, hoy ministro del Interior— para explicar los $39.487 millones que ocho municipios del norte retiraron "por cheque por ventanilla", una causa que el fuero federal archivó.
La Caja de Norry defendió - hasta la publicación de eltucumano- el manejo de su efectivo con el mismo libreto con el que Monteros defendió el de los municipios. No hace falta inventar un pacto para leer la continuidad: está en los argumentos y, ahora, también en los canales.
111 años, y una charla sobre adicciones en la casa del juego
La escena tiene una ironía que se explica sola. Hoy, lunes 13 de julio, la Caja Popular de Ahorros cumple 111 años —fue creada por la Ley N° 1.253 del 13 de julio de 1915—, y los cumple así: con el rastro de más de $21.105 millones en efectivo que nadie identificó, un sumario que se prepara para repartir culpas y una denuncia que nadie puede leer. Y mañana, el 14, entre los actos del aniversario, el actor Gastón Pauls dará en la sede de la Caja una charla gratuita sobre prevención de adicciones, "abierta a toda la comunidad".
La agenda del aniversario tampoco la dio a conocer la Caja, sino Bruno Romano —dirigente del oficialismo provincial e intendente Juan Bautista Alberdi por el Frente Tucumán Primero—, que contó en sus redes que se había reunido con Norry "para ultimar los detalles" de los actos, entre ellos la charla de Gastón Pauls del 14 de julio. El dato no es neutro: el municipio de Alberdi es, precisamente, el que Norry intervino en 2025. Y hay un silencio más, elocuente: La Gaceta, el diario que en 2015 destapó el primer "valijazo" de la Legislatura, no publicó —hasta el cierre de esta nota— una sola línea sobre éste, y su cobertura de la Caja Popular se detiene, en su propio archivo, en septiembre de 2025. En plena crisis por el destino de $21.105 millones, la Caja no habla por su boca —y el diario de mayor tirada de la provincia, tampoco—.
La Caja Popular tiene por Ley el monopolio estatal del juego en Tucumán: la quiniela, el casino, el hipódromo, las tragamonedas, las apps de apuestas. Es la institución que vive de la adicción que la charla viene a prevenir. El contraste no es sólo retórico: la Carta Orgánica de la Caja obliga a destinar a la salud pública el 25 por ciento del resultado bruto del juego, y la reconstrucción de este medio muestra que el Sistema Provincial de Salud recibió, en promedio, entre el 2 y el 3 por ciento. La casa que debía financiar la salud con las ganancias del juego, y no lo hizo, festeja sus 111 años con una charla sobre las adicciones que ese mismo juego alimenta.
Guillermo Norry, con camiseta de La Bancaria, escucha atento a Carlos Cisneros - empresario del Juego y las Apuestas dentro de la Caja Popular - durante el verano en Tafí del Valle.
* Información documentada: Las cifras del efectivo retirado por ventanilla son las del propio requerimiento del Banco Macro y totalizan $21.105.019.379,18 (unos USD 17 millones de dólares al cambio oficial de cada trimestre). Las citas de la posición de la Caja ("pago de haberes… modalidad operativa habitual… debidamente respaldadas") y la observación del área legal (Dictamen N° 1.514, "de manera escueta", "omitiendo los órganos de administración y gobierno") son textuales de los considerandos de la Resolución de Intervención N° 466/26 (Expediente N° 2.779/360/2026, 3 de julio de 2026), firmada por el interventor Guillermo Alfredo Norry, el subinterventor Antonio Daniel Bustamante y el secretario administrativo Juan José Correa Uriburu. La toma de conocimiento y la reserva de competencia son del Acuerdo N° 2663 del Tribunal de Cuentas (8 de julio de 2026). La trayectoria de Norry como interventor del Municipio de Juan Bautista Alberdi y los datos de la charla de Gastón Pauls (14 de julio, 17 horas) surgen de la difusión pública del dirigente Bruno Romano. Este medio verificó que el sitio oficial de la Caja no registra comunicación alguna sobre el escándalo ni sobre el aniversario, y que —a diferencia de los aniversarios 107, 108 y 109, difundidos por la Secretaría de Comunicación Pública de la Provincia, y de los 110, cubiertos por La Gaceta— no hay comunicación oficial de los 111. La captura de la conversación con el ministro Darío Monteros fue difundida por una página que este medio vincula a su entorno, y se cita como lo que es —una pieza del canal informal—, atribuida a quien la publicó. La condición de Pablo Daniel Díaz Sánchez como gerente general interino, su cobertura de "mayor jerarquía" al Nivel 1 y su firma en las trece designaciones de asesores de gabinete de la actual intervención (unos $1.165 millones anuales) surgen de la documentación interna de la propia Caja Popular que este medio ya publicó. Este medio verificó, además, que La Gaceta no registra en su archivo de la Caja Popular ninguna nota sobre el "Valijazo", el Banco Macro ni el Acuerdo N° 2663: su cobertura de la entidad se detiene en septiembre de 2025. El cargo de Bruno Romano —candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi por el Frente Tucumán Primero— surge de su presentación pública como candidato del oficialismo. Las reiteradas solicitudes de copia de las denuncias son gestiones de este medio ante la intervención. Las calificaciones penales se atribuyen a quien las formula; ningún hecho de este texto afirma delito. Se distingue en todo momento lo documentado, el indicio y la lectura de este medio.
Derecho a réplicaLa Caja Popular de Ahorros, su intervención y las personas mencionadas —Guillermo Norry, Antonio Bustamante, Darío Monteros y Pablo Daniel Díaz Sánchez— pueden ejercer su derecho a réplica ante este medio; sus respuestas se publicarán con el mismo relieve que esta nota.
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Fuentes
Resolución de Intervención N° 466/26 de la Caja Popular de Ahorros (Expediente N° 2.779/360/2026, 3 de julio de 2026); Acuerdo N° 2663 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán (8 de julio de 2026, Expediente N° 2.795/360/2026); requerimiento del Banco Macro a la Caja Popular (18 de mayo de 2026, Legajo 9492); Resolución N° 14/2023 de la Unidad de Información Financiera, artículos 26 y 38; Ley de Contrato de Trabajo; Ley N° 1.253 (Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros, 13 de julio de 1915) y Ley N° 5.115. Difusión pública del dirigente Bruno Romano sobre los actos del aniversario y la charla de Gastón Pauls (14 de julio de 2026); captura de conversación con el ministro Darío Monteros difundida por una página vinculada a su entorno. Verificación de este medio sobre la ausencia de comunicación institucional de la Caja (sitio oficial) y sobre la difusión oficial de los aniversarios anteriores (Secretaría de Comunicación Pública de la Provincia, 107/108/109 años; La Gaceta, 110 años). Archivo de La Gaceta sobre la Caja Popular (tag institucional), cuya última entrada es de septiembre de 2025. Candidatura de Bruno Romano a intendente de Juan Bautista Alberdi por el Frente Tucumán Primero. Cobertura previa de la serie "Mafia Paraestatal" de eltucumano.com, incluida la defensa del "personal no bancarizado" atribuida al ministro Darío Monteros en la causa de los municipios del norte.
Fuente: /ElTucumano
