Cisneros y su círculo íntimo desfilaron por la Justicia Federal y dejaron sola a la denunciante de los exjugadores de Vélez
La causa federal por trata de personas que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, derivada de la mediática y escándalosa Causa Vélez, tuvo el desfile por los tribunales de calle Piedras y Congreso del diputado Nacional y magnate sindicalista Carlos Cisneros, como también dos de las personas más cercanas de su círculo íntimo.
La investigación, abierta bajo la Ley 26.364 por la presunta captación y explotación funcional de la empleada de la Caja Popular de Ahorros, Lourdes Parache, coloca en el centro del expediente al dirigente de la Asociación Bancaria, junto a la abogada Patricia Neme y el operador y patovica cisnerista Federico Petraglia. La causa tiene su origen directo en el estrepitoso derrumbe de la denuncia por abuso sexual tramitada en marzo de 2024 contra cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield: tras comprobar la falsedad de la acusación y sobreseer a los deportistas, la Justicia advirtió que la joven no habría actuado de manera autónoma, sino captada y moldeada por la conducción sindical del diputado nacional para convertirla en un instrumento de presión y armado extorsivo.
Frente a esta acusación, la respuesta del entorno cisnerista evitó someterse a las preguntas de los investigadores: Carlos Cisneros adelantó su audiencia y presentó el lunes 28 de septiembre un escrito de dieciséis apartados firmado junto al abogado Juan Andrés Robles, en el que rechazó la plataforma fiscal, solicitó su sobreseimiento por atipicidad y postergó cualquier respuesta oral hasta tener acceso integral a las actuaciones. Al día siguiente, la abogada Patricia Neme presentó un documento de quince páginas elaborado por el mismo defensor técnico, invocando la atipicidad de la conducta, haciendo uso de su derecho a abstenerse de responder preguntas y requiriendo el sobreseimiento o la falta de mérito. Por su parte, Federico Petraglia compareció de manera presencial ante el fiscal Vehils Ruiz y el juez federal de la causa; tras escuchar la imputación, afirmó no comprender los delitos que se le atribuían, se declaró inocente, rechazó formular preguntas y se abstuvo de seguir declarando, cerrando la vía de descargo sin aportar explicaciones.
Los tres descargos: silencio y rechazo a las conductas de terceros
La línea argumental volcada por Cisneros en su escrito busca trazar una frontera entre su rol como dirigente de la Asociación Bancaria y las acciones judiciales o personales encaradas por la denunciante. El legislador nacional sostuvo que su participación se limitó a brindar un acompañamiento sindical y la facilitación de asistencia letrada ante la noticia de que una trabajadora atravesaba una situación de violencia, encuadrando esa tutela en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. Cisneros remarcó que nunca fue el empleador formal de Parache ni fijó su salario o condiciones de trabajo, y argumentó que resulta inadmisible jurídicamente sustituir la prueba de un vínculo de poder por la notoriedad pública de su actividad política. Asimismo, rechazó la figura del sometimiento funcional formulada por la fiscalía, asegurando que no constituye trata de personas en los términos del Código Penal, y solicitó expresamente que no se le trasladen las conductas u orquestaciones atribuidas a terceros, en directa alusión a la abogada Neme, al operador Petraglia y a la propia Parache.
En la misma sintonía, Patricia Neme justificó su intervención dentro del marco del ejercicio libre de la abogacía y de sus funciones institucionales al frente de la Oficina de Contención y Atención por Violencia Laboral y Género de la Caja Popular de Ahorros, cargo en el que fue designada mediante la Resolución de Intervención 687/24. En su escrito, la letrada adujo que el acompañamiento a una presunta víctima no puede transformarse automáticamente en una presunción penal de trata de personas. Neme fundamentó la autonomía de la joven señalando que el 6 de febrero de 2026 compareció ante la Justicia provincial acompañada por el letrado José César Díaz sin revocar la designación profesional anterior, y que posteriormente se presentó en el fuero federal con patrocinio propio. A lo largo de sus quince páginas, la defensora omitió brindar precisiones sobre las reuniones de coordinación de testimonios o los borrados de mensajería celular que se le imputan, amparándose en el secreto profesional del artículo 156 del Código Penal pero enfatizando que Parache tomó sus determinaciones en el proceso por elección personal.
Carlos Cisneros y Patricia Neme en la alfombra roja de los Martín Fierro Federal 2025.-
El caso de Federico Petraglia expuso una actitud de abstención absoluta. El operador sindical y empleado con licencia gremial no presentó memorandos jurídicos ni solicitó la declaración de atipicidad de los hechos. Al notificársele los cargos del artículo 145 bis y ter del Código Penal, el joven se limitó a manifestar que no entendía cuál era su intervención en la maniobra, negó haber participado en ilícito alguno y se negó a responder los interrogatorios del Ministerio Público. Con ese silencio, Petraglia no aportó elemento alguno para respaldar el relato original de la denuncia ni asumió responsabilidad por las gestiones de inteligencia previa que realizó antes de que la acusación tomara curso formal.
Federico Petraglia durante lel último acto de La Bancaria. A su lado, el legislador y cuñado de Carlos Cisneros, Hugo Ledesma. Foto La Bancaria.-
Logística previa, manipulación de pruebas y control institucional
La reconstrucción efectuada por la fiscalía federal y la pericia realizada en el fuero provincial adjudican a los tres investigados roles definidos y complementarios en la preparación y sostenimiento del caso falso contra los deportistas. El rol de Federico Petraglia resulta central en la logística inicial. El lunes 4 de marzo de 2024 a las 19:30 horas —exactamente dos días antes de que Parache formalizara la denuncia policial contra los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín—, Petraglia se apersonó en el Hotel Hilton y contactó al gerente comercial David Robles para exigir la entrega de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del establecimiento. El fuero provincial remarcó la gravedad de esta diligencia irregular, llevada a cabo cuando ni siquiera existía un legajo penal abierto. A ello se suma la imputación sobre su participación en el diseño de un plan para simular el robo violento del teléfono celular de Parache en el centro tucumano, con el fin de destruir el dispositivo e impedir que saliera a la luz un audio donde la denunciante manifestaba haber disfrutado del encuentro en el hotel.
El perfil de Petraglia se encuentra además fuertemente comprometido por una causa paralela de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Un relevamiento del Registro Inmobiliario de la Provincia comprobó que figura como titular del cien por ciento del dominio de ocho inmuebles de alto valor adquiridos entre los 21 y los 25 años de edad, patrimonio incompatible con su sueldo bancario. Entre los bienes figuran departamentos en el edificio de General Paz 574 —donde funciona el estudio jurídico de Neme y el medio Enterate Noticias— y la casona del country Alto Verde I donde reside la secretaria general de La Bancaria, Cecilia Sánchez Blas, lo que sostiene la sospecha de su función como presunto testaferro o persona interpuesta de Cisneros. Asimismo, Petraglia afronta denuncias penales por amedrentamiento e intimidación directa a periodistas independientes que investigaron las irregularidades del caso, como el episodio registrado el 6 de septiembre de 2026 en un hipermercado de Barrio Norte, donde abordó a un director de un medio digital en presencia de sus hijas de 20 y 12 años.
En cuanto a Patricia Neme, la evidencia reunida la ubica ejecutando maniobras directas sobre el material probatorio y las testigos clave. La orden judicial de allanamiento del 30 de septiembre de 2025 recoge la denuncia basada en la extracción del teléfono de la testigo Milagros Castellote, la cual reveló que el 8 de abril de 2024 Neme se reunió con Castellote y Parache, tomó los dispositivos celulares de ambas y procedió a eliminar deliberadamente mensajes de texto y audios para que las conversaciones coincidieran y no salieran a la luz archivos comprometedores. Ese mismo día, Castellote le confirmó la maniobra a un tercero expresando: "La abogada nos agarró los dos teléfonos... y se puso a eliminar mensajes. Teníamos que eliminar mensajes para que coincidan las conversaciones y no salgan los audios". Posteriormente, cuando la Justicia exigió la entrega de las capturas, Neme acompañó a Parache a la fiscalía e hizo colocar en el acta pública la afirmación de que no existía ningún mensaje borrado en el dispositivo, teniendo pleno conocimiento de la purga previa.
Patricia Neme junto a su socio y ahora defensor, Juan Andrés Robles, también abogado de Cisneros y sus hijas.
El testimonio y la evidencia digital obtenida del teléfono de Milagros Castellote, una de las amigas e integrantes del entorno íntimo de la denunciante, resultan determinantes para reconstruir la manipulación del material probatorio. La pericia técnica efectuada sobre su dispositivo celular reveló que el 8 de abril de 2024 participó de una reunión junto a Lourdes Parache y la abogada Patricia Neme, en la cual la letrada tomó ambos teléfonos y procedió a eliminar mensajes de texto y audios durante más de una hora con el objetivo deliberado de hacer coincidir los chats y evitar que salieran a la luz archivos comprometedores. Ese mismo día, Castellote le confesó la maniobra a un tercero a través de un mensaje en el que admitió haber borrado contenido para que la conversación cuadrara. Asimismo, de las extracciones periciales de su propio teléfono surgió el mensaje que graficó la supuesta cadena de mando política detrás de la querella ("La jefa al jefe, el jefe habla con Carlos"), mientras que en sus declaraciones testimoniales prestadas en 2026 terminó siendo citada por la defensa de Cisneros al manifestar que Parache no le había mencionado presiones laborales directas para continuar con el litigio.
Las pericias UFED rescataron mensajes claves como el de la testigo Milagros Castellote, quien hasta borró audios de su celular por indicación de Patricia Neme. Luego de su falso testimonio, obtuvo empleo en el Banco Macro y un crédito millonario del mismo banco a horas de ingresar.
A su vez, en su sentencia de diciembre de 2025, el juez provincial Augusto José Paz Almonacid rechazó que los contactos de Neme con las testigos estuvieran amparados por el secreto profesional, calificando sus chats como instrucciones para el direccionamiento del proceso en una relación de abogada de parte a testigo. Las pericias telefónicas recuperaron mensajes del 16 de abril de 2024 a las 08:45 horas, donde Neme le escribió a la testigo Rosario Molina: "y que no te acuerdas de nada", horas antes de que prestara declaración. Paralelamente, las conversaciones registradas el propio 6 de marzo de 2024 exponen la búsqueda de un rédito financiero desde el primer momento. Mientras Neme gestionaba un acuerdo de reparación económica con los apoderados del club Vélez Sarsfield fuera del ámbito judicial, Parache le escribía a sus amigas manifestando que no dejaría fuera del proceso a Sebastián Sosa porque era "el que más plata tiene", a pesar de reconocer en reiteradas entrevistas que el arquero se encontraba dormido.
Por su parte, la intervención de Carlos Cisneros abarca el control institucional y la conducción política de la estrategia. Si bien el diputado nacional negó en su escrito poseer facultades de mando sobre la Caja Popular de Ahorros, él mismo admitió públicamente en declaraciones radiales el 15 de junio de 2026 su influencia directa sobre la entidad, reconociendo que recomendó la designación del interventor José César Díaz ante el exgobernador Juan Manzur y que actuaba como nexo para transmitir decisiones relativas al funcionamiento del organismo. Los vínculos documentales revelan además que los abogados Juan Andrés Robles y José César Díaz representaron de manera simultánea o sucesiva a Cisneros, a sus hijas en demandas para censurar notas de eltucumano.com, y a la propia Parache como querellante en la causa provincial hasta el rechazo dictado por la Corte Suprema el 11 de septiembre de 2026, pasando diecisiete días después a redactar el pedido de sobreseimiento del diputado nacional.
Los chats recuperados y los testimonios de las amigas
Los descargos presentados por los imputados colisionan de manera frontal con los elementos de prueba de la causa federal y los testimonios rendidos por el círculo íntimo de la denunciante. En su escrito, Cisneros afirmó que Parache nunca estuvo sometida ni privada de su autodeterminación. Sin embargo, el legajo incorpora el mensaje de WhatsApp enviado por Parache a sus amigas el 7 de noviembre de 2025 a las 13:43 horas, donde la joven escribió de manera explícita que estaba "siendo prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto, haciendo la vista ciega porque no me queda opción pero sobre todo sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar". Este texto constituye la base del dictamen fiscal para fundamentar la anulación progresiva de la voluntad y el sometimiento funcional.
De igual modo, la afirmación de que la joven mantuvo el control absoluto de sus decisiones queda controvertida por la nota dirigida por la propia Parache a la fiscal Adriana Reinoso Cuello, obrante en el expediente, donde admitió: "Si por mí fuera ya hubiera encontrado una salida para no seguir sufriendo en este proceso, arreglando con los imputados, pero ni mi padre ni quienes me asisten me lo han permitido". Esta manifestación expresa la existencia de una voluntad contrariada e impedida de resolver el litigio por la interferencia de sus asistentes letrados y su entorno político.
En el aspecto operativo, las capturas de pantalla obtenidas mediante el sistema UFED registran mensajes de Parache del 17 de marzo de 2024 donde explicaba a su círculo cómo era adiestrada para sus declaraciones judiciales: "Me dijeron en qué subir el volumen", "En qué bajarlo", "Que hable que Sosa me manipula por chat", "Y bueno me anotaron cosas en mi denuncia", "Me dijeron dónde ser dramática". Asimismo, los testimonios prestados en 2025 y 2026 por sus amigas Ana Inés Gray y Rocío Sancho Miñano ante la Justicia afirmaron que la imposición del equipo técnico respondía a directivas directas de la Caja Popular y de La Bancaria. Sancho Miñano declaró bajo juramento que la orden de realizar apariciones en canales nacionales de televisión, como la entrevista brindada en Todo Noticias, provino de Cisneros o de los abogados que respondían directamente a él.
Mensajes de Parache del 17 de marzo de 2024, según el informe de extracción UFED judicial.
La concatenación de la cadena de mando quedó expuesta en la audiencia del 19 de diciembre de 2025, cuando el abogado querellante Patricio Char leyó un mensaje recuperado del teléfono de Castellote que graficaba la estructura de toma de decisiones: "La jefa al jefe, el jefe habla con Carlos". A su vez, respecto al plan para simular la sustracción del celular de Parache, la testigo Ana Inés Gray declaró el 28 de noviembre de 2025 que un empleado de Cisneros se haría pasar por ladrón para quitarle el teléfono a la joven y evitar que la Justicia accediera a las grabaciones originales. En sus escritos, tanto Cisneros como Neme intentaron relativizar estos dichos argumentando que las amigas mencionaban a un empleado sin identificarlo nominalmente, omitiendo desmentir la existencia del plan de ocultamiento de prueba.
El abandono procesal de Lourdes Parache
El análisis comparativo entre la acusación del Ministerio Público Fiscal y las presentaciones judiciales de Carlos Cisneros, Patricia Neme y Federico Petraglia pone de manifiesto una estrategia de repliegue individual que termina por soltar la mano a Lourdes Parache de forma irreversible. La hipótesis central por la cual la Justicia Federal citó a los tres dirigentes radica en que la empleada bancaria fue víctima de trata de personas en la modalidad de captación posterior y sometimiento funcional. Bajo esta lectura fiscal, Parache era comprendida como un eslabón vulnerable cuya voluntad había sido moldeada, coercionada y anulada mediante abuso de autoridad y dependencia laboral, convirtiéndola en un instrumento para ejecutar la acusación extorsiva contra los exjugadores de Vélez Sarsfield.
Sin embargo, para lograr sus propios sobreseimientos y clausurar la investigación penal en su contra, Cisneros y Neme articularon sus defensas sosteniendo enfáticamente lo contrario: que Parache actuó en todo momento con plena libertad, discernimiento, iniciativa personal y asesoramiento jurídico soberano. Al argumentar que la joven tomó cada decisión procesal, mediática y querellante de forma voluntaria, los imputados destruyen el presupuesto de la "voluntad anulada" que la situaba en el rol tutelado de víctima de trata. Por su parte, la postura de Petraglia, de llamarse a silencio y declarar que no comprendía las imputaciones, terminó por consolidar el aislamiento procesal de la denunciante al no ofrecer ninguna versión que valide las presiones ejercidas o la participación de la estructura gremial en las maniobras previas.
El efecto jurídico de este encuadre defensivo es absoluto. Una vez que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme el sobreseimiento definitivo de los futbolistas tras comprobarse la falsedad de la acusación de abuso sexual, la investigación judicial viró hacia la determinación de las responsabilidades penales por la radicación de la denuncia falsa y las maniobras extorsivas. Al desmarcarse la cúpula sindical y negar cualquier tipo de coerción o dictado de órdenes sobre la empleada, la tesis de la captación se desmorona. En consecuencia, los tres descargos dejan a Lourdes Parache desprovista de la protección de la figura de víctima de trata, ubicándola ante los tribunales como la única autora y responsable individual de haber pergeñado y sostenido la escándalosa y falsa denuncia que afectó acuatro futbolistas. Ninguno de los tres acusados asumió la autoría del mensaje del 7 de noviembre de 2025 donde la joven confesaba sentirse prisionera y sin poder de decisión. Al salvar sus responsabilidades personales bajo el argumento de la autonomía de la denunciante, el círculo íntimo cisnerista cerró filas y dejó a la joven sola frente a las severas consecuencias penales del caso.
Fuente: /ElTucumano
