Causa Vélez: exigen la indagatoria de Carlos Cisneros, Patricia Neme y Federico Petraglia por trata de personas
En las últimas horas, el futbolista José Ignacio Florentín Bobadilla ─uno de los cuatro jugadores falsamente denunciados por violación─, a través de su abogado Camilo Atim, se presentó ante el Juzgado Federal de Tucumán para solicitar la confirmación y ejecución del pedido de indagatoria contra el diputado Nacional Carlos Cisneros, la abogada Patricia Neme y el operador Federico Petraglia. El requerimiento se apoya en el dictamen 269/2025 del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien considera que existe un grado de probabilidad suficiente para investigar una estructura de trata de personas con fines de explotación sexual, derivada del escándalo conocido como la "causa Vélez".
Esta solicitud surge inmediatamente después de que la vocal Patricia del Valle Carugatti, del Tribunal de Impugnación Penal, confirmara de manera íntegra el sobreseimiento de Florentín, Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré y Abiel Alesio Osorio, dictando la "certeza negativa" sobre la existencia de un delito de abuso. La magistrada rechazó el planteo de nulidad absoluta y el pedido subsidiario de exclusión probatoria contra la ampliación de la pericia informática del 22 de agosto de 2025 —el informe técnico N° 48.935 elaborado por el perito Gerardo Marrancino, del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales— y contra las declaraciones testimoniales derivadas de ella. La justicia determinó que el encuentro en el Hotel Hilton fue consentido y que la denuncia fue una "reinterpretación retrospectiva" fabricada ex post facto e inducida por terceros. Al quedar firme el sobreseimiento y validarse la pericia informática de 530 megabytes que documenta el armado de la causa, la derivación federal por trata contra el "aparato cisnerista" ya no tiene retorno.
En la sesión del pasado 7 de mayo, la vocal Carugatti declaró formalmente inadmisible el cuestionamiento de los abogados de Lourdes Parache contra el punto VIII de la sentencia de Paz Almonacid: la orden de remitir copia completa del legajo al Fiscal General Federal de Tucumán para investigar "la posible comisión de un delito de competencia federal".
El motivo de la inadmisibilidad es elocuente. Según consigna el fallo, los abogados de la denunciante se limitaron a mencionar ese punto en el objeto de su escrito, pero "no expusieron nada concreto con relación a ese punto": no invocaron ni proporcionaron fundamento alguno para explicar qué agravio les causaba que la justicia federal investigara.
La consecuencia procesal es directa: la derivación federal —el acto que dio origen a la causa por trata de personas en la que están imputados Cisneros, Neme y Petraglia, y que sostiene los pedidos de detención y desafuero presentados en febrero— quedó consentida y firme. El equipo jurídico que durante dos años litigó cada incidencia del expediente no encontró, o no quiso escribir, una sola línea contra el punto que más compromete a quien lo financia.
Otro dato estructural del fallo: el Ministerio Público Fiscal no impugnó la sentencia de Paz Almonacid ni adhirió al recurso. El auxiliar fiscal Osvaldo Martínez Terán estuvo presente en las audiencias, pero —según deja asentado la vocal— solo para el control de legalidad, porque el acusador público "ha consentido" la sentencia recurrida. La pretensión de revertir los sobreseimientos quedó así sostenida, en soledad, por la acusación privada. El Estado, titular de la acción penal, abandonó la hipótesis de la "violación en manada" hace más de cinco meses.
La confirmación del sobreseimiento de los jugadores dejó al descubierto que la operación comenzó antes de la denuncia formal realizada por Lourdes Parache. Se probó que el 4 de marzo de 2024, 48 horas antes de la presentación, Petraglia ya llamaba al Hotel Hilton solicitando las cámaras de seguridad para iniciar una "reconstrucción inducida" con fines económicos. Asimismo, mensajes recuperados revelan que el entorno de la denunciante ya negociaba un "recupero económico" con los abogados de los jugadores nueve horas antes de presentarse ante la policía.
Por su parte, Neme fue cuestionada por la justicia al determinarse que la denuncia por abuso fue una "reinterpretación retrospectiva fabricada ex post facto" e inducida por terceros; de hecho, mensajes recuperados revelan que la propia víctima admitió que la abogada le "hizo dar cuenta" de que había sido abusada. Neme se encuentra actualmente imputada por instigación al falso testimonio y adulteración de evidencia digital, tras haber intentado anular las pericias informáticas (UFED) cuando los resultados de estas comenzaron a incriminar al propio equipo legal. Asimismo, su desempeño profesional quedó bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, que le inició sumarios por ejercer la abogacía privada mientras gozaba de una licencia con goce de haberes en la Caja Popular de Ahorros.
Con la evidencia digital blindada y la derivación federal consentida por los propios abogados de la querella, entre ellos el exinterventor de la CPA José Díaz —y quienes no apelaron dicho punto—, la situación judicial de Cisneros comienza a complicarse. Mientras el diputado se ampara en sus fueros, sus operadores carecen de esa protección, y fuentes vinculadas a la defensa de los jugadores anticiparon tras la confirmación del sobreseimiento que se concretarán nuevos pedidos de detención para cerrar la pinza judicial sobre la organización.
Las hijas y el "ahijado" como presuntos testaferros
La investigación por trata de personas se ramificó hacia los flujos financieros de la organización, siguiendo los estándares internacionales del GAFI. En este marco, el director de eltucumano, Julio Rafael Valenzuela, presentó una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica contra Cisneros, sus tres hijas (Marta María, Cecilia Mariana y María Mercedes) y Federico Petraglia.
Captura de la nota de eltucumano.com.-
El núcleo de esta denuncia patrimonial es el crecimiento exponencial de los bienes del diputado, que pasó de declarar $2,7 millones en 2019 a $465,7 millones en 2024, un incremento de 172 veces en apenas cinco años. Gran parte de este patrimonio ($216 millones) figura como participaciones societarias sin desglose, lo que la denuncia califica como un indicador típico de enriquecimiento ilícito. Además, se señala el control de Cisneros sobre la Caja Popular de Ahorros (CPA) durante 30 años, entidad que habría facturado USD 9.500 millones sin auditorías externas independientes y cuyos socios históricos incluyeron a la familia Ale, condenada en el caso Marita Verón.
La justicia federal deberá investigar si las hijas de Cisneros actuaron como "personas interpuestas" para disimular este patrimonio. En solo seis años, las tres jóvenes —sin capacidad económica autónoma conocida— aparecieron vinculadas a sociedades comerciales como Malaquita SRL y Emprendimiento Turístico SRL, y a un complejo de lujo en Tafí del Valle, valuado en hasta USD 5 millones.
Un actor central en este esquema es Federico Petraglia. Con solo 26 años y siendo empleado de la CPA con licencia gremial, Petraglia figura como titular del 100% de ocho inmuebles distribuidos en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Tafí del Valle. Esta nómina incluye un departamento de 24,04 m² en Rivadavia 692 y tres unidades en el edificio de General Paz 574 —donde funcionan el multimedio Enterate y el estudio de la abogada Patricia Neme— adquiridas bajo la modalidad de «compra en comisión»: dos departamentos de 86,16 m² y 80,68 m², junto a una cochera de subsuelo de 24,44 m². En Yerba Buena, posee una unidad con patio de aproximadamente 146 m² totales en la calle José I. Thames, además de una cochera de subsuelo en la misma ubicación. El barrido registral se completa con dos propiedades de extensión considerable: un lote de 447,98 m² en el Barrio Cerrado Alto Verde (Cevil Redondo), en el que vive la secretaria de la Asociación Bancaria Tucumán, Cecilia Sánchez Blas, y un terreno de 2.342 m² en La Quebradita, Tafí del Valle, adquirido mediante maniobras jurídicas complejas como el uso de un poder post mortem y autocontratación.
Fuente: /Enterate Noticias
